Malestar social laboral y violencia en Argentina
Julio Godio
Director del Instituto del Mundo del Trabajo (IMT)
12/11/05
Sumario
1. Dos sucesos preocupantes
2. Pobreza con desempleo y pobreza con empleo
3. La cuestión de la concertación social y la ausencia de las grandes empresas extranjeras
4. Conclusiones


1. Dos sucesos preocupantes
Luego de las elecciones nacionales celebradas el 28/10/05, en un cuadro de crecientes desigualdades sociales, han ocurrido dos sucesos que por sus características violentas deberían ser preocupantes.
El primer suceso fue el 1/11, cuando una multitud de usuarios del servicio de trenes TBA, que opera entre pueblos del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, ofuscada por los atrasos horarios y el hacinamiento en los vagones, organizó una concentración de repudio en la estación de Haedo, que desembocó en la destrucción del edificio de la estación y de decenas de comercios instalados en sus alrededores. Fueran detenidas 100 personas, la mayoría jóvenes.
En este grave hecho se ha comprobado que militantes del grupo piquetero "Quebracho" se incorporaron a la protesta y la transformaron en un ataque con bombas molotov contra el edificio de la mencionada estación. Rápidamente, también se sumaron grupos de vándalos, que procedieron a robar los comercios. La policía de la provincia de Buenos Aires —por órdenes de su comando— no intervino hasta que, al final, cuando los ciudadanos enardecidos se habían retirado, alcanzaron a detener a militantes de Quebracho y a delincuentes comunes, pero también fueron detenidos ciudadanos comunes.
Como valoración de este hecho —que no es el único de esta clase que se ha producido este año en el Gran Buenos Aires— se podría decir que en esta área geográfica en la que viven 10 millones de personas y que colinda con la Capital Federal, la combinación entre miseria, desesperación social y presencia de diversas organizaciones piqueteras está conformando un cuadro social preocupante.
Como es sabido, el Gran Buenos Aires es un producto del proceso de urbanización generado por la industrialización por sustitución de importaciones (1935-1945); es el núcleo geográfico más importante en los orígenes del peronismo, y fue durante décadas ejemplo de la nueva "sociedad salarial". Es un territorio urbano organizado por numerosas instituciones de la sociedad civil (clubes, centros recreativos, cooperativas, etc.). Es un territorio urbano cuyos dos cordones principales han sido tradicionalmente controlados por el Partido Justicialista (PJ), y todavía lo son.
Pero en los últimos treinta años la sociedad salarial que generaba estabilidad y cohesión social se erosionó por la descomposición de la estructura industrial. El desempleo, el subempleo y la precariedad laboral avanzaron enormemente sobre el empleo estable predominante hasta la década de los ’70. Surge el asistencialismo social como paliativo, controlado desde los municipios, principalmente por el PJ. Pero en el contexto de la desocupación estructural, la miseria y el "no-future" que afecta a un 40% de la población, a mediados de los años ’90 comienzan a desarrollarse los movimientos piqueteros, que movilizan a los desocupados.
Estos movimientos piqueteros tienen tres vertientes ideológicas: a) los pequeños partidos de izquierda clásicos (Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario y Partido Obrero, trotskista); b nuevas corrientes ideológicas de izquierda no tradicionales (Quebracho y grupos "zapatistas" y espontaneístas); y c sectores de católicos de izquierda (por ejemplo el Frente Trabajo y Vivienda de José D’Elia, ahora kirchnerista). Los movimientos piqueteros se instalan en los territorios delimitados por municipios. Desde la crisis de 2001 controlan parte de los Programas de Subsidios al Desempleo, y organizan comedores, cooperativas, etc.
Durante 2002-2004 la línea predominante en las organizaciones piqueteras fue la establecida por los partidos de izquierda: concentrar fuerzas y marchar sobre la Plaza de Mayo, en la Capital Federal. Esto es, utilizar a los desocupados como "masa de maniobra" para cuestionar al poder central, es decir, al gobierno nacional, en la Plaza que simboliza tanto al poder como a la misma presencia del pueblo. Era una táctica efectiva, pero temporal. Pronto generó el rechazo de las capas medias y de los trabajadores ocupados y sindicalizados. Los sindicatos miembros de la poderosa CGT se abstuvieron de sumarse a las movilizaciones piqueteras. A principios de 2005 la táctica "agitacionista" comenzó a mostrar su lado débil. El gobierno de Kirchner aprovechó esta debilidad comenzó a cerrar los accesos de los movimientos piqueteros del Gran Buenos Aires a la Capital Federal (puentes y rutas).
Ahora parecería que la táctica aplicada por los partidos de la izquierda clásica (que por otro lado prácticamente desaparecieron como fuerzas electorales en las elecciones del 28/10) podría ser sustituida por la táctica de la izquierda no tradicional de trasladar el centro del conflicto a los municipios del Gran Buenos Aires. Se trataría de dirigir los conflictos sociales espontáneos y transformarlos en hechos de violencia puntuales en los municipios. No es posible establecer si esta línea táctica podrá desarrollarse o no, pero no debería ser subestimada simplemente porque existen condiciones para su desarrollo. Partes del Gran Buenos Aires (y de otras ciudades, como Rosario, Córdoba, Mendoza, etc.) se han transformado en "Calcutas". Con la diferencia que son habitados por familias con problemas de trabajo pero que recuerdan el pasado positivo de la sociedad salarial, y que cuentan con experiencias de movilizaciones sociales y sindicales. Son familias dispuestas a movilizarse. Desde esta nueva perspectiva se podría analizar los graves sucesos de Haedo, en tanto en potencia incluyen la posibilidad de que en el Gran Buenos Aires se fortalezcan movimientos socio-políticos orientados a "ocupar" territorios y "separarlos" del control efectivo del Estado.
El segundo suceso también preocupantes se produjo en el mismo Gran Buenos Aires, en el importante municipio de Avellaneda, el 6/11. En esta oportunidad un grupo numeroso de trabajadores municipales organizados en el sindicato de Obreros y Empleados Municipales ocupó la Intendencia y fue repelido por la custodia policial y personal del Intendente. Tres fenómenos son destacables en este suceso: en primer lugar, la movilización sindical fue para exigir aumentos salariales y desembocó en un acto de suma violencia, con heridos de ambos lados; en segundo lugar, el sindicato municipal local que moviliza está controlado por un sector kirchnerista (a su vez enfrentado con la dirección nacional del sindicato COEMA, cuyo Secretario General es el diputado nacional Alfredo Atanasof, duhaldista); y en tercer lugar, el intendente "Cacho" Alvarez es del riñón del "duhaldismo".
La gran prensa argentina le ha dado mucha importancia a este segundo suceso, lo que indica preocupación por dos fenómenos: a) que el enfrentamiento electoral entre kirchneristas y duhaldistas se traslade a los municipios como confrontación entre los intendentes duhaldistas y trabajadores municipales liderados por el kirchnerismo, y b) que el estado de exasperación de los trabajadores vaya más lejos que los objetivos de los sindicalistas kirchneristas, dado que en este suceso el nivel de enfrentamiento armado y la violencia ejercida por los trabajadores no se correspondía con el motivo de la petición, que en otras circunstancias hubiese derivado en negociaciones entre el municipio y los trabajadores.

2. Pobreza con desempleo y pobreza con empleo
He comentado dos acontecimientos sumamente violentos para sugerir que se debería prestar más atención al dato que en los conflictos sociales y laborales desde 2001 se evidencia un componente de "exasperación social" que podría extenderse y profundizarse en los próximos meses. Lo cierto es que la violencia social tiene su base en el hecho de que en Argentina la mitad de los trabajadores ocupados (casi 7 millones) gana menos de 550 pesos mensuales. Es decir, en un universo de 15.680.000 personas ocupadas, el 50% no alcanza a cubrir la canasta de alimentos, que llega a $809 para una familia tipo. Solo el 20% de los asalariados ganan más de 1.000 pesos. Son datos oficiales de la Encuesta permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para la primera mitad de 2005.
Entre los 7 millones se encuentran: a) los que reciben planes sociales de $150, y realizan alguna actividad laboral; en este grupo se afincan los movimientos piqueteros, pero también los aparatos clientelares de los partidos políticos; b) una gran parte de los trabajadores (4 millones de asalariados) que trabajan en negro, con promedio de $500 mensuales; c) un segmento de los 3,5 millones de cuentapropistas no profesionales con ingresos medios de $482 mensuales y un segmento de trabajadores estables y sindicalizados.
Los especialistas en temas laborales comienzan a hablar de la creciente convergencia social entre la "pobreza con desempleo" y la "pobreza con empleo". La inflación (que este año supera el 10%) favorece objetivamente esa convergencia. No se descarta que podría dar lugar a una situación conflictiva grave de unificarse en el plano político. En el suceso de Haedo tenemos un hecho "micro" en el que convergen trabajadores/as del espacio de la "pobreza con empleo" con organizaciones piqueteras "duras" no tradicionales.
La Iglesia Católica, que por su implantación social es muy sensible a estos fenómenos de eclosión social, advierte sobre la posibilidad de grandes estallidos de violencia social. La Conferencia Episcopal Argentina, presidida por Monseñor Bergoglio, lo ha reiterado el 12/11 en una carta pastoral titulada "Una luz para reconstruir la Nación".
A partir de 2004 y durante los diez meses de 2005 se ha registrado un creciente proceso de huelgas de trabajadores asalariados sindicalizados. Durante este año también se ha registrado un importante regreso a la negociación colectiva: se firmaron unos 200 convenios colectivos de trabajo (actualización de cláusula salarial) que benefician a 1 millón de trabajadores. Pero los datos indican que las remuneraciones en el sector de los trabajadores formales son todavía muy preocupantes, a saber:
el sueldo promedio de los trabajadores privados registrados es de $985 mensuales
la mitad de los empleados públicos —un millón— cobra menos de $750.
la mitad del personal doméstico —500.000— gana menos de $230 mensuales
El mapa salarial da cuenta de grandes insatisfacciones para todas las categorías de trabajadores y sus familias, ocupados y desocupados. Es necesario recordar que la Argentina ha sido desde décadas una sociedad salarial con un movimiento sindical fuerte. La crisis de 21001 no es una crisis clásica de país tercermundista, sino de un país capitalista con índices de cohesión social propio de países desarrollados. De allí que sería interesante no ver en el universo de pobreza, desempleo y empleo sólo las diferencias (que, por ejemplo, superan separan al trabajador desocupado del ocupado) sino captar que entre las distintas categorías existen vasos comunicantes, signados por la pérdida común de la antigua sociedad salarial. De este modo se pueden establecer nexos potenciales —aunque con reservas— entre las violencias sociolaborales registradas en Haedo y Avellaneda.

3. La cuestión de la concertación social y la ausencia de las grandes empresas extranjeras
En los últimos meses ha vuelto a cobrar fuerza la posibilidad de concretar un acuerdo social entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos para establecer reglases explícitas frente a la "puja distributiva". El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció que, con apoyo técnico del Consejo Económico-Social de España (CES), se está analizando la posible organización de un CES en Argentina.
Es importante destacar que como parte de la concertación, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT han comenzado a considerar, todavía informalmente, la posibilidad de llegar antes de marzo de 2006 a un acuerdo sobre precios, salarios, inversiones, indemnizaciones, ley de riesgos de trabajo y empleo no registrado. Según voceros de la UIA y la CGT, serán invitados a participar la Sociedad Rural y las Cámaras de la Construcción y del Comercio.
Existe preocupación entre empresarios y sindicalistas por establecer acuerdos salariales que se ajusten a la inflación prevista para 2006 (10%). Esa preocupación es mayor, dado que se ha producido un rebrote en los precios, el incremento de la tasa de interés local afecta las inversiones y están pendientes las negociaciones de contratos con las empresas privatizadas de servicios. Pero, como hemos analizado, no será fácil acordar topes salariales en un mercado laboral que se caracteriza por sus bajos salarios, por la creciente reactivación sindical y la inexistencia de instituciones de concertación estables.
El Ministro de Economía, Roberto Lavagna, preocupado porque las negociaciones entre sindicatos y empresarios no conduzcan a acuerdos y se genere una situación de desorden en los mercados de trabajo, se ha adelantado, asumiendo funciones que son propias del Ministerio de Trabajo, y ha anunciado que en el ámbito del Ministerio de Economía se están preparando dos leyes sobre a) reducción de las indemnizaciones por despidos y b) de riesgos de trabajo. Esos proyectos satisfacen los reclamos empresarios, pero han originado desaprobación en la CGT. Al mismo tiempo, la actitud del Ministro de Economía ha desubicado al Ministro de Trabajo Tomada, quien impulsa proyectos de leyes similares pero más beneficiosos para los trabajadores.
Lo cierto es que el clima sindical se enrarece en momentos en que el gobierno se orienta a adoptar medidas económicas "ortodoxas" para estabilizar los precios. El gobierno no desea "enfriar" la economía como sugiere el FMI (y dejar caer al dólar), pero al mismo tiempo ha decidido recortar el gasto público. No habrá aumentos de jubilaciones, de salarios del sector público ni en los planes de subsidio al desempleo. Esto se complementa con los mencionados proyectos de leyes de reducción de indemnizaciones por despido y de riesgos de trabajo.
Parece consolidarse un nuevo estilo en esta segunda etapa de la administración Kirchner. La derecha ya no podría hablar ahora del "populismo" de Kirchner. Pero esto significa que el gobierno deberá enfrentar conflictos sociales y laborales agudos.
Es interesante destacar que las diferentes negociaciones entre los sindicatos y las organizaciones empresarias para encontrar puntos de acuerdo se desarrollan sin la participación de las grandes empresas controladas por el capital extranjero. Estas generan el 75% del valor que producen las principales 1.000 empresas que existen en el país. Las grandes asociaciones que agrupan a esas empresas no están incorporadas, pero tampoco parecerían estar demasiado interesadas en participar activamente en las negociaciones laborales en curso en la mesa de negociaciones.
De modo que la concertación económico-social, de concretarse, podría carecer de la participación formal de las principales empresas existentes en el país. Pero además, debe señalarse que estas empresas líderes —donde se localizan las empresas públicas privatizadas— analizan la posibilidad de aumentar salarios "diferenciales", pensando beneficiar solo al 67% de la dotación. Las empresas líderes consideran difícil que los aumentos salariales puedan limitarse en 2006 a la tasa de inflación (que calculan en 10,6%), porque los sindicatos están exigiendo entre un 30% y un 35% de aumento. Sin embargo, si bien las empresas prevén que habrá huelgas, pero que estas no afectarán a la producción.

4. Conclusiones
Se escogieron dos acontecimientos emblemáticos —los sucesos de Haedo y Avellaneda— para mostrar que conflictos sociales o laborales que podían conducir a soluciones consensuadas terminaron en graves hechos de violencia social y política. Son casos testigos. No son los primeros en estos años de turbulencias económicas y políticas en el país. Se les debe prestar atención, porque indican un "estado de exasperación" que podría —si bien no inevitablemente— generar explosiones socio-políticas de magnitud. El trasfondo de esos sucesos es una combinación entre malestar por bajos salarios, precariedad laboral, desempleo y mal funcionamiento de algunos servicios públicos privatizados (en nuestro caso, el transporte ferroviario).
El gobierno de Kirchner comienza su segunda etapa política. Los resultados electorales lo favorecen. Pero deberá enfrentarse con serios problemas económicos que han determinado que el gobierno se decida por políticas económicas cercanas a la ortodoxia, en particular con el congelamiento del gasto público.
Los sindicatos y las organizaciones empresarias parecerían comprender el momento político-económico, y se aprestan para concertar aumentos salariales dentro de las pautas de inflación fijadas por el gobierno (10%) para 2006. Las posibilidades de establecer un Consejo Económico-Social son ciertas. Pero las empresas líderes —en particular las empresas extranjeras- no participan de esas negociaciones en curso. A la concertación posible le falta, por lo tanto, una pata fundamental: el "núcleo duro" de empresas que hoy movilizan a la economía nacional.
La presión de los trabajadores asalariados por aumentos salariales por encima de la inflación será constante y muy fuerte en algunas ramas y sectores de la economía. La capacidad de grupos radicalizados para canalizar la "protesta obrera" es baja, dado el fuerte control de los sindicatos de la CGT (lo que no excluye huelgas organizadas a partir de comisiones internas y cuerpos de delegados dentro de los sindicatos oficiales). Por el contrario, en los conflictos sociales pequeños pero decididos grupos pueden provocar fuertes y violentas confrontaciones. El caso de la estación de Haedo es sintomático.
En síntesis: 2006 será un año de alta conflictividad social y laboral en Argentina, y como lo ha reiterado la Iglesia Católica, existe el peligro de que se produzcan explosiones sociales en un país que todavía experimenta una grave crisis política, pese a las capacidades de ordenamiento que ha demostrado el gobierno de Kirchner.